- La justicia federal concedió protección a la empresa Agrogema Agro contra el cateo y el aseguramiento de sus instalaciones y aeronaves; abogado acusa actuaciones arbitrarias de la Fiscalía y advierte daños superiores a 70 millones de pesos.
Xalapa, Ver.- La empresa veracruzana Agrogema Agro —a la que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ilegalmente seis helicópteros, una aeropista y diversas instalaciones— obtuvo dos amparos de la justicia federal contra las actuaciones de dicho organismo.
La compañía, con operaciones de fumigación de plantíos en el municipio de Medellín de Bravo, logró la protección de la justicia federal para dejar sin efecto el cateo y para ordenar la devolución de los bienes asegurados.
El abogado de la compañía, Jorge Reyes Peralta, informó que ambos recursos fueron resueltos a favor de su representada, al considerar que las actuaciones de la Fiscalía Federal en Veracruz, encabezada por Mauricio Alexandro Rosaldo García, estuvieron sustentadas en procedimientos ilegales.
Y es que fue en enero del presente año cuando la delegación en Veracruz de la FGR anunció que había asegurado una aeropista ilegal, donde presuntamente se realizaban actividades ilícitas; sin embargo, la compañía demostró estar constituida legalmente y contar con todos los permisos oficiales para operar.
Al acudir al Centro de Justicia Federal con sede en Xalapa, explicó que, mediante el primer amparo, se concedió la protección de la justicia federal para dejar sin efecto la orden de cateo ejecutada el pasado 6 de enero en las instalaciones de Agrogema Agro.
Mientras que el segundo obliga a devolver a sus legítimos propietarios el helipuerto, los vehículos y los seis helicópteros asegurados.
El litigante afirmó que estas resoluciones dejan sin sustento la investigación que inició la FGR bajo el argumento de que en las instalaciones se utilizaban espacios aéreos para cometer actividades ilícitas, delito previsto en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal.
«Con estos dos amparos lisos y llanos se ha destruido totalmente la teoría del caso de la Fiscalía. Nunca ha existido un plan de investigación y ahora la propia justicia federal está evidenciando las irregularidades con las que actuaron», sostuvo.
Reyes Peralta recordó que, después del cateo del 6 de enero y del aseguramiento de bienes realizado el 4 de marzo, la empresa promovió dos juicios de amparo: uno contra la orden de cateo y otro para reclamar la devolución de sus bienes, al considerar que no existían razones legales para paralizar una fuente de trabajo.
Aseguró que la compañía cuenta con los permisos y autorizaciones correspondientes para operar el helipuerto, las aeronaves y sus actividades de fumigación agrícola, por lo que rechazó que se tratara de una aeropista clandestina, como —dijo— lo hizo creer públicamente la Fiscalía.
El abogado advirtió que el aseguramiento ha provocado un severo deterioro patrimonial, pues dos de los seis helicópteros ya fueron declarados pérdida total debido a que permanecieron sin el mantenimiento técnico adecuado durante la intervención de las autoridades.
Explicó que, mediante incidentes de suspensión y modificación a la suspensión dentro de los propios juicios de amparo, consiguieron que se permitiera el ingreso de personal especializado de Agrogema Agro para realizar labores de mantenimiento a las aeronaves.
Sin embargo, aseguró que los daños continúan acumulándose y que las pérdidas económicas ya superan los 70 millones de pesos.
Cabe recordar que, en agosto del presente año, cuatro funcionarios de la FGR-Veracruz fueron denunciados penalmente por la empresa dedicada a la fumigación de cultivos.
La compañía presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control de la FGR contra el fiscal federal en el estado de Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y tres agentes del Ministerio Público: Carlos Manuel Pérez Solís, Andrea Jahel González Castillo y Virginia Cecilia Blanco Hernández.
